Situación de partida
La corrupción debilita la democracia, perturba la justicia y dificulta el crecimiento económico, convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Disminuye la confianza pública en las instituciones del Estado y obstaculiza la prestación de servicios esenciales, agravando aún más las condiciones de las poblaciones vulnerables, especialmente las mujeres.
En particular, la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe ha intensificado los riesgos de corrupción. Ante la urgente necesidad de hacer frente a la crisis de salud pública, los gobiernos han tenido que actuar con rapidez, lo que a su vez ha creado más oportunidades para las prácticas corruptas.
Para combatirlas, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) desempeñan un papel fundamental en la promoción de la transparencia en la administración pública. Ellas identifican los riesgos y aplican mejores controles internos para prevenir la corrupción.
Además, su actuación no solo se centra en la lucha contra la corrupción, sino que también contempla la igualdad de género, los derechos humanos y la digitalización. Estos elementos contribuyen a desarrollar métodos innovadores para mejorar los mecanismos de control y reducir la corrupción.
